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SUTE CONARE Y EVALUACION CENSAL

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El Ministerio de Educación señaló los días 12 y 13 de noviembre como los días de evaluación censal de los niños de segundo grado de primaria para proseguir con las evaluaciones anuales que permitirían observar los avances en materia educativa en el país. Por cierto, no se tiene, no se podría tener indicadores y referentes absolutos para conocer los niveles de avance. Sin embargo, un indicador, aun con limitaciones que solo considera un grado y dos materias educativas que siempre será insuficiente, es un referente importante que podrá mostrarnos realidades y diferencias entre periodos anuales, para mostrarnos los performances que venimos teniendo en un tema fundamental para todos, la educación.


Los resultados anteriores ubicaron Ayacucho en el 23 lugar en comprensión lectora y 25 en razonamiento matemático. Resultados que se sospechaban, pero que no se tenían evidencias en indicadores medibles, que felizmente se tuvieron. Mientras en todas las regiones, estos indicadores se medían, en Ayacucho, no se podía hacer, porque los maestros organizados en el SUTE CONARE, no permitieron estas evaluaciones. Siempre se boicotearon.


Sin embargo, el 2012, esta evaluación felizmente fue posible, con un gremio magisterial que dejó pasar los hechos, al parecer distraído en temas como la nueva ley magisterial. Los resultados en buena cuenta confirmaron sospechas, como se señala líneas arriba, pero también hubo algunas sorpresas. Fajardo aparecía en un lugar expectante en matemática y una institución educativa local, Corazón de Jesús (dentro de los bajos niveles), aparecía en una mejor ubicación que colegios emblemáticos e instituciones particulares.

 

Preocupados en el tema educativo, visitamos la Institución Educativa Corazón de Jesús y encontramos dos evidencias: se había producido una renovación de maestros y 17 de los 20 profesores contaban con estudios de maestría. Tres de ellos inclusive con estudios de doctorado. En otras palabras, dentro de las limitaciones existentes, con maestros capacitados, con otra disposición y el apoyo de los padres de familia, se podían tener resultados interesantes.


Los resultados entonces, llamaron la atención, que la propia Secretaria General del SUTE CONARE, saludó a la institución educativa, reconoció esfuerzos. Todo evidenciaba que aquella oposición cerrada a todo proceso evaluativo no tenía mayor sentido y, por el contrario, mostraba un gremio magisterial intransigente y cada vez alejado de las demandas de los padres de familia.


Sin embargo, para sorpresa de todos, los maestros del CONARE se ratificaron en sus posiciones originales y fueron más allá, convocaron a una paralización, los días de la evaluación. Tal como lo reconocen los resultados fueron adversos y, en muchos casos, los padres de familia sin maestros evaluaron a sus niños.


Esta situación pone en otra disposición a los maestros organizados en el SUTE CONARE. Una situación de intransigencia no hará más que enfrentarlos entre maestros, sobre todo aquellos dispuestos a mejorar la calidad educativa, y los padres de familia. La evaluación más allá de toda advertencia, que puede tener alguna razón, se constituye en un termómetro vital para conocer avances. Lo paradójico del caso, es que los maestros evalúan y lo hacen siempre, cómo no permitir una evaluación nacional que el Estado dispone para conocer la situación existente. Eso por un lado y, por otro, maestros que evalúan no se dejan evaluar. Contradicciones que tienen que ser resueltos por la propia salud del SUTE más allá de sus diferencia en CONARE o SUTE nacional.013


 

VIOLENCIA E INSTITUCIONES EDUCATIVAS

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La Institución Educativa Mariscal Cáceres ha vuelto a la primera plana de las noticias. Esta vez por el caso del enfrentamiento directo y físico de dos estudiantes del tercero de secundaria, turno tarde, ambos mujeres, que de esta manera resolvían un conflicto existente.

 

Sobre el particular, hay que señalar que este tipo de conflictos no resulta nuevo entre escolares y, es más, en mucho de los casos está institucionalizado entre varones. Situación que por cierto, se desarrolla, se ha desarrollado, desde muchas décadas atrás, pero con sus propias reglas de juego que tienen que ver sobre todo con la discrecionalidad de los hechos. Todos los ponían conocer, pero difícilmente llegar a oídos de los padres o las autoridades educativas, porque de hecho tendría consecuencias.

 

En este caso, ocurrieron situaciones diversas que hicieron que los hechos concluyeran en un verdadero escándalo, sobre todo, cuando los principales protagonistas fueron mujeres. Los testigos no fueron testigos mudos, sino que muchos de ellos registraron en sus celulares y uno de ellos, rompió el pacto e hizo público el acontecimiento a través de la Facebook. El escándalo estaba desatado.

 

La existencia de situaciones de esta naturaleza se ponía de manifiesto y los chicos tenían que responder frente a todos sus compañeros, los detalles de lo ocurrido. Vale decir, un conflicto que se escandaliza y, gestión del escándalo, que no se conduce de manera adecuada, técnica, profesionalmente hablando.

 

En otras palabras, maestros y autoridades sin mayor preparación para atender y entender situaciones como la presentada, sin el concurso de profesionales psicólogos o trabajadores sociales, que no sólo deben abordar el tema de manera preventiva, sino canalizarlos adecuadamente una vez producido los hechos. Vale decir, un antes y un después de los acontecimientos.

 

Además, evidencias de particularidades que tienen que ser observados con el concurso  de profesionales. No es igual el turno de la tarde con el turno de la mañana. La fragilidad de soporte social, familiar en los chicos del turno de la tarde es evidente. A los problemas existentes en los ámbitos familiares, hay que adicionarle las condiciones de subsistencia de los chicos, generalmente solos, alejados generalmente de sus padres, muchas veces solos. Casi todos, dice una maestra encargada de la Defensoría Escolar.

 

Un panorama social educativo que no es propio del Mariscal Cáceres, sino que se reproduce en otros espacios sin la consideración y la atención del caso. Una situación que por cierto, siendo preocupante, puede y debe ser convertida en una oportunidad. Un tema no sólo para autoridades educativas, maestros, sino de padres de familia y los propios jóvenes que pueden bien ser el soporte de sus propios compañeros, antes que alentarlos a la solución violenta de sus conflictos.


 

AUTORIDAD JUDICIAL Y LA NECESARIA PONDERACION

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Los periodistas no somos, no podríamos ser, inmunes a cualquier denuncia que un ciudadano, una autoridad podría ejercitar en su derecho a defender su reputación, su honor. Esto quiere decir, aquella verdad que siempre se pone de manifiesto, que el derecho de las personas, los ejercicios profesionales o lo que fuera, concluye allí, donde empiezan los derechos de los otros. Vale decir, un derecho a la denuncia que corresponde como en cualquier actividad económica, social, política de la vida, más a allá de la transcendencia o los poderes que puede tener la prensa y las comunicaciones en general, sobre todo, en los tiempos actuales.

 

Sin embargo esta situación, como cualquier hecho como se señala líneas arriba, está también sujeta a una correcta, libre e independiente administración de la justicia. Esta es una situación fundamental para toda democracia: ningún poder de Estado real o fáctico puede ejercitar tal poder, sin sujetarse a las reglas de juego que toda democracia ejercita y requiere. Situación que tiene que ver con su ordenamiento jurídico y, sobre todo, los valores éticos y morales que todo ejercicio de autoridad o de actividad profesional exige, demanda y obliga.

 

En consecuencia, responsabilidades en la autoridad, en los comunicadores, como en el ciudadano común y corriente. El poder no sólo proviene de la legitimidad de las estructuras de Estado, sino también, particularmente en nuestros tiempos, de la capacidad de incidencia en la sociedad y las propias decisiones de las autoridades.

 

Este juego tiene que ser libre, alturado, respetuoso de las normas y los valores. Quienes lo ejercitan, saben que vulnerar, exagerar, exceder sus respectivos marcos daña no sólo la institucionalidad democrática, sino, sobre todo, los derechos de los ciudadanos o los propios ejercicios profesionales.

 

En un contexto así, las expresiones del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que textualmente señala, “Inclusive tenemos algunas sentencias que se vienen contra periodistas, que justamente han difamado algunas personas, han mellado a las personas, y tenemos que poner orden”, pone en cuestión la profesional y ética administración de la justicia ayacuchana. En estas expresiones, que debieran merecer disculpas públicas, ha pesado, más que la investidura de la responsabilidad, una reacción a todas luces personal sumamente desproporcionada y nada acorde a las circunstancias.

 

La discrepancia y las opiniones adversas, sobre todo respecto al ejercicio de la justicia, no es ninguna novedad, desde los medios de comunicación, hasta del ciudadano común y corriente. Situación que no tendría por qué explicar la reacción del presidente de la corte de Ayacucho, que la emprende contra una periodista y dos medios de comunicación locales que han puesto en la corrupción, el mayor énfasis de su línea periodística.

 

La desproporción llega más allá cuando no sólo descalifica la credibilidad de los medios, sino que además señala que “nadie le cree a estos medios, nadie le cree”, por supuesto sin ningún indicador objetivo que una autoridad de su envergadura tiene que observar.

 

No es un secreto que la administración de justicia sigue siendo vapuleada y que se hacen esfuerzos desde la institución y la sociedad por mejorar no solo su desempeño, sino su credibilidad. Esto mismo ocurre en el caso del Corte de Ayacucho, con experiencias interesantes de proyección a la comunidad, pero estas actitudes nada concertadoras, ponderadas, caminan en sentido adverso.

 

Es hora de cambiar estados de ánimo y pensar sobre todo en las instituciones y las institucionalidades al margen de las afinidades y las diferencias.


 

SIMULACROS DE SISMO, QUE TIENEN QUE COMPROMETERNOS A TODOS

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Como en muchas preocupaciones que se tienen, los Gobiernos, asumiendo políticas de Estado que no son solo nacionales, sino inclusive internacionales, ponen en marcha acciones que contribuyen en el tratamiento de problemas diversos, tales como lo referido a las catástrofes naturales. En estas políticas se incluyen ahora todo lo referido a acciones de prevención frente a situaciones para el que la capacidad humana aún no ha encontrado formas de predicción de situaciones en tiempos y espacios claramente definidos.

 

Es verdad que la vulnerabilidad humana no es la misma de hace décadas o siglos, que las naciones y los Estados tienen información aún general sobre su grado de vulnerabilidad, inclusive ubicando espacios con mayores niveles de peligrosidad que en otros. Esto significa avances sustantivos que brindan elementos para una mayor capacidad de protección de las poblaciones, particularmente en sus espacios más vulnerables.

 

Hay que considerar que los grandes acontecimientos adversos, afectan sobre todo a sectores más pobres, que su situación posterior es de mayor pobreza. Esa misma situación ocurrió en los años de la violencia, en las que las víctimas fueron los más pobres, quechua hablantes.

 

Por lo tanto, las acciones preventivas, sobre todo, frente a situaciones, como los sismos, que han de presentarse en algún momento en magnitud que se desconoce, se pueden disminuir sus daños. Eso significa sin embargo, acciones de prevención, que cada vez comprometa a poblaciones enteras, para convertirse crecientemente, en algo que forme parte de nuestra vida cotidiana, vale decir, nuestra cultura.

 

Al respecto, somos testigos de acciones que se promueven como parte de campañas nacionales o regionales, sin embargo, la capacidad de respuesta resulta ser pobre, más allá de los informes oficiales que dan cuenta del 60 o el 70% de participación de la población. Si de un total superior a los 600 mil habitantes que tenemos en Ayacucho, habláramos del 10%, que significaría 60 mil, ya la historia empezaría a ser sumamente positiva.

 

Teniendo en cuenta la alta importancia de promover una cultura de la prevención en todo aspecto de cosas, sobre todo ante la inminencia de desastres naturales, es necesario coordinar acciones más allá del círculo administrativo de Estado, que siendo importante, resulta insuficiente cuando se trata de participación masiva de la población. Esto significa organización desde las propias manzanas, los asentamientos humanos, las organizaciones sociales, para promover este tipo de acciones.

 

En buena cuenta, tener a casi un 99% de la población sin experiencia alguna sobre situaciones catastróficas, nos pone en una condición prácticamente de indiferencia, situación que es distinta en ciudades con lamentable experiencia en estas situaciones. Vale decir, campañas reales, efectivas, con participación de todos los actores. Un sismo de 8 grados, es una tragedia en ciudades tan vulnerables como la nuestra, que a su presencia ninguna autoridad dejaría de estar, sin embargo, la evaluación del último simulacro de sismo contó con muchas ausencias. LOS SIMULACROS TIENEN QUE SER UN VERDADERO COMPROMISO DE TODOS.


 

Iglesia católica, ¿Se quiere destruir lo poco de confianza que aún tenemos en las instituciones?

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Los hechos aún se habían suscitado en los primeros meses del presente año. Alguna situación llegó hasta el Vaticano, sede de la Iglesia Católica, y de inmediato se dio curso a un proceso que posteriormente terminaría con el retiro del ex Monseñor Gabino Miranda del seno de la iglesia que había servido en los últimos 28 años. Vale decir que había tenido oportunidad de ejercitar su defensa.

 

Sin embargo, ya la decisión se conocía de manera “verbal”, como lo ha señalado el actual Arzobispo de Huamanga, Salvador Piñeiro, en el mes de julio. Desde entonces, Gabino Miranda había salido de todo escenario oficial de la iglesia católica y hacia el mes de agosto solicitaba ya no ser beneficiario de la asignación económica que el Estado le otorgaba gracias a convenio entre el Estado Peruano y la Santa Sede.  Así, las homilías ya no tendrían más las referencias al obispo auxiliar de Huamanga.

 

Mayor detalle sobre el caso no se conoce. Todo indica que el pecado no sería la pedofilia, puesto que el tema arrastraría a más de uno en un proceso judicial seguramente complicado. Salvo la revista Caretas, no existen mayores evidencias sobre el caso. Inclusive contactos personales realizados por quienes fueron amigos cercanos del ex monseñor continúan afirmando su inocencia en el tema, que por cierto no sería de delitos sino de pecados. Pecados que finalmente, quienes viven de la religiosidad de manera cotidiana lo encuentran no solo en los hechos sino también en los pensamientos y observamos como jovencitas entregadas a Jesucristo comulgan inclusive de manera diaria. Pecados, que para el común de los mortales sería seguramente nada.

 

Pero el asunto no queda allí, existe una cierta predisposición en un sector de la ciudadanía y por cierto del periodismo de querer encontrar mayores casos y evidencias para levantar la noticia. Y por cierto el escándalo y, lo que ha venido no es sino una secuencia de descubrimientos que dejan prácticamente a la iglesia ayacuchana sin mayores referentes. Si no es la pedofilia son sacerdotes con hijos que por cierto constituyen los pecados mayores.

 

¿Existe en verdad una campaña dirigida contra una iglesia católica que en el caso ayacuchano ha perdido espacio respecto a la iglesia evangélica que cada vez tiene una mayor presencia sobre todo en el área rural, donde el pueblo católico vive en una verdadera resistencia? ¿Las contradicciones al interior de la iglesia católica han llegado a un nivel tal, que se puede sacrificar a cualquier honorable sacerdote así por así, sobre todo cuando todo parece que el Cardenal Cipriani encuentra vientos distintos en la iglesia?

 

El caso no es para mostrar alegría, sino todo lo contrario; se está tratando de desacreditar una de las pocas instituciones que al margen de todo, continúa siendo un importante referente en el país: la iglesia católica. Los ciudadanos seguimos confiando no sólo en su institucionalidad, sino también en quienes son sus propios protagonistas. Situación que nada tiene que ver, con la necesidad de sanciones drásticas para quienes rompan con la fidelidad cristiana hacia el bien y, sobre todo, cuando se trata de niños.

 

Esto quiere decir, SOLIDARIDAD con quienes enfrentan ahora una cierta ofensiva sobre todo de quienes quisieran encontrar en todo o en todos, escándalos, para terminar de destruir lo poco de credibilidad que tenemos. Credibilidad, confianza que resulta siendo necesaria y urgente para un pueblo que busca esperanza en un mañana distinto, diferente.


 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Comentario de la Semana ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

TLV

▪ ▪ ▪ ▪ CAC Santa María Magdalena ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

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